«Cuando lo pruebas y lo conoces, no hay nada mejor. Es todo lo que le rodea». Son palabras que el joven que fue detenido el pasado mes de septiembre tras el incendio que se declaró en Cala Llonga, fuego que obligó a desalojar a a más de mil personas en la zona de Roca Llisa, dijo a un agente de la Guardia Civil durante el tiempo que duró su arresto. Los agentes que lo apresaron lo encontraron en el refugio que había creado cerca donde comenzó el incendio, durmiendo y con el pelo colmado de cogollos de marihuana, a pocos metros de un cultivo de 60 plantas. Quienes le conocieron durante esos días apreciaron que dicha persona «vivía por y para» ello.
El joven, quien siempre negó haber prendido una hoguera o haber tenido un descuido con un cigarrillo de marihuana en la zona donde comenzó todo, preguntó insistentemente cuando se le devolvía su plantación, un cultivo del que aprovechaba todo lo que podía, incluso para ‘fabricar' el aceite con el que cocinaba. Oficialmente en el juzgado, sin embargo, negó saber de quién eran las plantas junto a las que solía dormir.
La relación de esta persona con la marihuana, aunque en casos no tan extremos, no parece ser un hecho aislado. Las fuerzas policiales de la Isla llevan cada año múltiples actuaciones contra personas que cultivan marihuana exclusivamente por los beneficios que dicen encontrar en su consumo, algo que legalmente sí está permitido.
Grupos
Los dos últimos casos, la desmantelación de las asociaciones Cultivo Colectivo de Ibiza PM, en Jesús, y Green Lemon, en el barrio de sa Capelleta de Vila, han vuelto a reactivar el debate sobre la conveniencia o no de dar forma jurídica a este tipo de grupos y cómo acabar con la ambigüedad que genera una legislación que no castiga penalmente el consumo pero sí la distribución y el cultivo. Es más, la ex ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, anunció en 2010 que se autorizaba la comercialización de ‘Sativex', un medicamento derivado del cannabis para tratar a pacientes con esclerosis múltiples.
Entre ambos colectivos reunían casi 500 socios y una cantidad similar de plantas y esquejes en sus sedes. Tanto Karoly K. como José Luis V.H., representantes de ambos grupos, defendieron creer estar actuando con plena legalidad e, incluso, aseguraron que informaron de todos sus movimientos a la policía.
«Esto es absurdo. No molestamos a nadie, cultivamos lo que nosotros mismos íbamos a consumir y evitamos fomentar un mercado negro. Aquí no había lucro ni tráfico y a muchos se les ayudaba por sus efectos terapéuticas. Sólo un grupo de amigos con ganas de compartir una afición», explicaba José Luis V.H. un día después de quedar en libertad con cargos por la redada al colectivo Green Lemon.
Fuentes policiales señalaron que ambas intervenciones fueron «hechos aislados y coincidentes» sin que estuviera en marcha ninguna orden expresa para acabar con asociaciones de este tipo. En el caso de sa Capelleta, las denuncias vecinales habían sido múltiples.
Cultura
Cultivo Colectivo de Ibiza y Green Lemon sí han supuesto una novedad en una isla donde, con la omnipresente resaca del movimiento ‘hippy', la marihuana ha atraído la instalación de tiendas y negocios relacionados con la denominada cultura del cáñamo. Incluso, un comisario de policía ya retirado alardeaba hace pocos años de estar suscrito a una conocida publicación de este movimiento «para estar bien informado».
La casuística policial, al respecto, no deja lugar a dudas. Las intervenciones contra particulares afincados en Eivissa que cultivan marihuana son habituales. Sant Carles y Sant Joan, junto con Santa Eulària, son lugares donde en los últimos años se han encontrado cultivos privados dotados de invernaderos.
Los decomisos habituales han sido en estos lugares próximos a las 300 plantas, muy lejos a las 6.000 requisadas el año pasado en un finca de Sant Josep que fue descubierta por agentes de Equipo de Delincuencia Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil en lo que ha sido la plantación más grande hallada en Balears en toda su historia. Dos holandeses y un rumano estaban detrás de ella.
Los acusados de los casos ‘menores', muchos de ellos rémoras del movimiento ‘hippy', siempre defienden en los tribunales el mismo argumento de que cultivar marihuana forma parte de su modo de vida y que, en ningún caso trafican, aunque sí reconocen compartir la droga con sus amistades en lo que ellos consideran «consumo compartido».
Al respecto, la legislación española dice que el tope máximo de marihuana que una persona puede tener es de cien gramos y ello siempre y cuando se pruebe que dicha cantidad es para consumir en un periodo de cinco días.
Un residente alemán de Sant Carles, dentista retirado en su país por sus problemas con el alcohol, es uno de los prototipos de esta cultura. En diez años ha sido detenido en tres ocasiones por cultivar marihuana. Su último juicio, a finales del año pasado, se saldó con una condena de dos años de prisión después de que en su domicilio se intervinieran 314 plantas. El irreductible acusado, de 66 años, mantiene que consume 20 gramos al día y que siempre es con fines médicos.
Trapicheo
Para las autoridades, sin embargo, estas prácticas casi siempre ocultan pequeños negocios de tráfico y, en lo que es el movimiento asociativo, la práctica acaba hallando indicios de que en los grupos terminan por surgir beneficios lucrativos con el trapicheo. Un ‘negocio' de este tipo fue descubierto en abril del año pasado en ses Païsses. Una pareja guardaba en su casa 118 plantas (junto con 25 gramos de cocaína) y había etiquetado bolsas para el reparto de la marihuana con leyendas como ‘tumba cabezas' o ‘mucha hambre'.
Las evidencias son mucho mayores cuando se golpea a redes o grupos con clara vocación de narcotráfico y donde pequeños decomisos de marihuana aparecen junto con importantes cantidades de cocaína, hachís o éxtasis listas para su distribución. La marihuana, por si fuera poco, incluso, ha sido utilizada como coartada. El vecino de Sant Carles detenido y preso el mes pasado por quemar la casa de su exmujer negó esta acción y afirmó que todo era una venganza contra él porque había advertido de que en los alrededores de la vivienda se estaban cultivando, siempre según él, estas plantas.
Otras comunidades, los mismos vientos
Los comunidades catalana y vasca están siendo punteras en las incitativas de asociacionismo que han aparecido en Eivissa, un movimiento que en los años 90 empezó a dar sus primeros pasos oficiales con la creación de plataformas para impulsar estos proyectos. Sólo en Euskadi, hay entre 40 y 50 colectivos que luchan por su legalidad y quince de ellos, incluso, están agrupadas en una federación que reúne a 3.000 socios. La proliferación de la cultura del cannabis en el Pais Vasco, donde las encuestas hablan de que más del 2% de la población se considera consumidor habitual y la cifra se dispara al 10% cuando se habla de jóvenes y adolescentes. La Fiscalía vasca, sin embargo, también ha puesto fin a tanto ‘desenfreno'. Tres asociaciones, similares a las dos desmanteladas en Eivissa, están siendo objeto actual de investigaciones que pueden llevar a sus responsables a enfrentarse a penas de uno a seis años de cárcel, las condenas que el Código Penal establece para el hachís y la marihuana, sustancias que se consideran no causan un daño tan grave a la salud como la heroína o la cocaína.
La realidad española demuestra que este mismo ‘interés' está presente en toda España. En la llamada Comunidad Foral, la formación Representación Cannábica Navarra llegó a obtener 5.000 votos en unas elecciones y todas las capitales de provincia suelen tener un colectivo que recoge esta afición. Ejemplos de ellos son Alacannabis, en Alicante, la coloquial Amigas de María en León o la irreverente Asociación Viguesa de Estudios del Cáñamo (Ave María).
Un club organizado
El 7 de diciembre de 2011 realizaron la inauguración oficial en su sede, tras tres meses de preparativos. Lo anunciaron en las redes sociales y, boca a boca, también invitaron a policías y guardias civiles. Tres meses después se encontraron con un registro policial y al decomiso de 47 plantas, 238 esquejes y de una recaudación de 1.278 euros. Pese a ello, los 450 socios del colectivo Green Lemon (aseguran que hay lista de espera) lograron que el juez les diera permiso para seguir reuniéndose en su sede del número 11 de la calle Canonge Joan Planells. Eso sí, ahora cada uno tendrá que traerse su marihuana obteniéndola en el ‘mercado negro'.
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